Por Mariana González
Entrevista a Marta Benítez, directora de Global Infancia
Una nueva normativa conocida como “ley anti-ONG” ha encendido las alarmas en el sector de la sociedad civil organizada en Paraguay. Aunque oficialmente lleva el nombre de Ley que busca la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones no gubernamentales, diversas voces denuncian que su verdadero objetivo es otro: restringir, perseguir y debilitar el trabajo de las organizaciones. Marta Benítez, directora de Global Infancia, analiza el contenido y las implicancias de esta controvertida legislación.
“La ley parte de una idea falsa: que las organizaciones no rendimos cuentas ni estamos sujetas a controles”, afirma Benítez. “Eso es completamente falso. Existen más de veinte registros y procesos administrativos ante distintas instituciones, además de auditorías externas y controles de nuestros propios donantes”.
La directora de Global Infancia señala que muchas organizaciones de la sociedad civil ni siquiera reciben fondos del Estado. Por eso, cuestiona que se imponga un mecanismo adicional de control, bajo el pretexto de mayor transparencia.
¿Instrumento legal o herramienta de persecución?
Para Benítez, el verdadero propósito de la ley es claro: “Tiene fines confiscatorios sobre los fondos privados que reciben las organizaciones. Confunde lo público con lo privado. Es una ley persecutoria y puede ser usada como un garrote político contra quienes no están alineados con el Partido Colorado”.
Definiciones imprecisas y riesgosas
Uno de los aspectos más problemáticos, según Benítez, es la ambigüedad con la que la ley define a las organizaciones alcanzadas. “Habla de ‘organizaciones sin fines de lucro’ y de ‘capacidad restringida’, pero estos términos no están definidos en el Código Civil”, advierte.
Aunque la versión aprobada en la Cámara de Diputados excluye expresamente a las iglesias, clubes deportivos no profesionales y comisiones vecinales, para Benítez esa modificación tiene una doble lectura: “Puede parecer positivo, pero también deja en evidencia que el objetivo es perseguir selectivamente a un sector específico de la sociedad civil”.
Sanciones desproporcionadas y violación de derechos
Las sanciones previstas en la ley también generan preocupación. “Incluye la inhabilitación para ocupar cargos públicos durante diez años —una especie de muerte civil— sin definir con claridad cuáles serían las faltas que la justificarían”, explica Benítez.
Otro punto crítico es la obligación de entregar información confidencial. “Todas las organizaciones ya presentan sus balances anuales, que son públicos. Pero esta ley exige además revelar datos sensibles. Si una organización trabaja con personas con VIH, tendría que entregar sus nombres. Eso va contra la Constitución y contra el derecho a la privacidad”, denuncia.
Una amenaza a la confianza y al rol social
Para la directora de Global Infancia, esta ley no solo representa un riesgo legal y administrativo para las organizaciones, sino que afecta la relación de confianza que existe entre estas y las comunidades con las que trabajan. “Nos pone en una situación de vulnerabilidad que compromete nuestra gestión y la confianza de la sociedad”.
¿Transparencia o represión?
El debate sigue abierto, pero para muchas organizaciones de la sociedad civil, esta ley representa una amenaza directa a su existencia y a su libertad de acción. Una legislación que, lejos de fortalecer la democracia, debilitará uno de sus pilares fundamentales: la participación ciudadana.