Por Marthina Apodaca
En Paraguay, la Educación Sexual Integral (ESI) vive constantemente en una paradoja, ya que, mientras el país cuenta desde hace más de dos décadas con un marco legal que garantiza el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir formación sexual integral, la implementación real de políticas públicas en este ámbito sigue siendo mínima y está teñida de tensiones ideológicas por parte de una gran mayoría de la población.
Ante la falta de una estrategia científica y universal en las clases de los colegios privados y públicos, se limita el acceso a información veraz y también se contribuye a perpetuar la vulnerabilidad de la población más joven frente al abuso sexual, el embarazo adolescente y la desinformación.
En un país donde los casos denunciados van en aumento, según datos del Ministerio Público, la ausencia de educación sexual sistemática no es solo una falla educativa, sino también un problema de salud pública y de derechos humanos de los menores de edad. A pesar de que la Constitución Nacional reconoce el derecho de las personas a recibir educación y servicios en materia de planificación familiar, y la Ley N.° 1680/2001 establece el acceso a educación sexual integral, mediante una resolución ministerial de 2018 se prohibió la utilización de materiales impresos y digitales que hagan referencia a la “ideología de género”, confundiendo términos ante la amenaza constante que representan los casos de violencia sexual hacia los niños, niñas y adolescentes, y bloqueando así el desarrollo de programas basados en la ciencia.
Entre avances y retrocesos
En 2024, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) proyectó el “Marco Rector Pedagógico para la Educación Integral de la Sexualidad”, que tiene como objetivo sentar las bases de una formación basada en derechos, respeto y evidencia científica. No obstante, su aplicación enfrenta diariamente dificultades como la falta de recursos, la escasa capacitación de docentes y la vigencia de restricciones normativas que limitan el acceso a información sobre este tema.
El año anterior, 2023, el MEC había impulsado de forma experimental el plan educativo “12 Ciencias para la Educación de la Sexualidad y la Afectividad en la Familia”, el cual fue duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, expertos y colectivos ciudadanos por sus fundamentos religiosos y afirmaciones contrarias a la ciencia. El material, con sus declaraciones controvertidas, minimiza la efectividad del preservativo y responsabiliza a las mujeres de los comportamientos machistas mediante su vestimenta, lo cual fue considerado por entidades como la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES) como “un retroceso para la educación pública”.
La posición oficial de mantener este plan experimental, respaldado por figuras religiosas y partidos más conservadores, refuerza la percepción de que la educación sexual en Paraguay está siendo moldeada más por intereses ideológicos que por criterios técnicos y científicos. Para colectivos como Familias por la Educación Integral en Paraguay (Feipar), el escenario actual “deja a niños y adolescentes desprotegidos y sin las herramientas para reconocer el abuso o ejercer sus derechos”.
La voz de los estudiantes y la sociedad civil
Desde 2018, la Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay (Unepy) y FENAES han liderado campañas como “Es hora de gritar por la ESI”, a través de las cuales denuncian la insuficiencia de la educación sexual en las escuelas, ya que apenas un 34 % de los estudiantes encuestados declaró haber aprendido correctamente a usar un preservativo, una cifra realmente preocupante. Como resultado de este vacío educativo, se observan altas tasas de embarazo adolescente y una preocupante cantidad de casos de violencia sexual que raramente llegan a ser debidamente procesados en los tribunales.
En junio de 2025, la senadora Lizarella Valiente presentó una propuesta para que la educación sexual se enseñe desde el Nivel Inicial hasta la Media. Aunque el proyecto aún no se discute formalmente, su presentación reavivó las tensiones entre los sectores que defienden una ESI basada en ciencia y derechos humanos y aquellos que sostienen una visión “provida” que busca limitar, e incluso censurar, parte de los contenidos de los programas.
También organizaciones como Amnistía Internacional han advertido que Paraguay está rezagado respecto a otros países de la región en materia de políticas de educación sexual. Durante la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, celebrada en agosto de 2025, la entidad denunció el “estancamiento total” en este campo, señalando que la falta de políticas efectivas expone a niñas y adolescentes a múltiples formas de violencia.
Implicancias y desafíos
El panorama actual revela que la ausencia de una política sólida y libre de prejuicios no es solo un tema académico: afecta directamente el derecho a la información y a la salud de miles de niños, niñas y adolescentes. Para los expertos, brindar una educación sexual integral y científica no solo permitiría a los jóvenes tomar decisiones informadas sobre su vida y su salud, sino que también es clave para combatir el abuso sexual, fomentar relaciones igualitarias y prevenir embarazos tempranos.
La falta de una ley específica, sumada a restricciones normativas como la resolución de 2018, ha creado un terreno fértil para que los sectores conservadores impongan su narrativa en el ámbito educativo. Sin embargo, las organizaciones civiles, los gremios estudiantiles y los organismos internacionales coinciden en que la educación sexual no es una amenaza, sino una herramienta de protección y empoderamiento.
Hacia una educación sexual inclusiva y científica
La discusión sobre la Educación Sexual Integral en Paraguay no puede reducirse a un debate ideológico por mucho tiempo más, porque, aunque el país se pinte de los colores y se proclame “provida”, los casos van en aumento. Los datos muestran que la ausencia de información precisa y accesible tiene consecuencias graves en la salud física y emocional de los estudiantes. Garantizar una ESI basada en evidencia científica, respetuosa de los derechos humanos y adaptada a cada etapa de desarrollo no solo es una obligación del Estado, sino también una necesidad urgente para construir una sociedad más segura y equitativa.
En este contexto, el rol de los medios de comunicación, las organizaciones civiles y las autoridades educativas será crucial para abrir espacios de diálogo y diseñar políticas que prioricen el bienestar de la niñez y la adolescencia, más allá de dogmas y prejuicios. Paraguay tiene una deuda histórica con sus jóvenes; saldarla requiere voluntad política, formación docente y un compromiso real con los derechos humanos.
*Estudiante de 3er año
Artículo realizado en el marco de la cátedra Pasantía y Práctica Profesional II
Fuentes consultadas
- Diagnostico-ESI-Paraguay.pdf
- Educación integral de la sexualidad: evidencias para un debate urgente
- ESI: La gran deuda del Estado paraguayo con las niñas y los niños – Revista Emancipa
- Las escuelas de Paraguay no son un espacio seguro para les jóvenes LGBT+ – Agencia Presentes
- GUIA-EIS-Educacion-Permanente-web.pdf
- La educación sexual debe ir dentro de un plan de transformación – Última Hora | Noticias de Paraguay y el mundo, las 24 horas. Noticias nacionales e internacionales, deportes, política. Noticias de último momento.
- Niños y adolescentes exigen al Estado acceso a la tierra, trabajo digno y salud mental – Última Hora | Noticias de Paraguay y el mundo, las 24 horas. Noticias nacionales e internacionales, deportes, política. Noticias de último momento.
- Fotos: Gentileza