*Por Yamna Benítez
La violencia de género en Paraguay no es un fenómeno aislado ni nuevo: es una crisis estructural, silenciosa y muchas veces invisibilizada que atraviesa generaciones y territorios. Miles de mujeres, niñas y adolescentes sufren a diario agresiones físicas, psicológicas y sexuales. Aunque existen leyes e instituciones destinadas a la protección de las víctimas, los números revelan que la respuesta estatal sigue siendo insuficiente y que la sociedad paraguaya enfrenta un problema profundamente arraigado en su cultura.
Foto: Revista PLUS
Una problemática que atraviesa a la mayoría de las mujeres
Según la Encuesta Nacional sobre la Situación de las Mujeres en Paraguay (ENSIMUP, 2021), el 78,5% de las mujeres mayores de 18 años afirmó haber sufrido algún tipo de violencia en su vida. Este dato significa que casi 8 de cada 10 mujeres paraguayas carga con una experiencia de violencia, lo cual refleja un problema de magnitudes epidémicas. La violencia de género se manifiesta en múltiples formas:
- Violencia psicológica: amenazas, humillaciones, control sobre la vida personal y económica de la mujer.
- Violencia física: golpes, empujones, agresiones que muchas veces terminan en lesiones graves o la muerte.
- Violencia sexual: abusos y violaciones dentro y fuera del ámbito familiar, donde las niñas y adolescentes son especialmente vulnerables.
El hecho de que estas cifras sean tan elevadas muestra no solo que la violencia de género está normalizada, sino que existe una fuerte tolerancia social hacia actitudes machistas y patriarcales. Muchas mujeres no denuncian por miedo, dependencia económica o desconfianza en las instituciones. Así, la mayoría de los casos permanecen invisibles y el silencio se convierte en cómplice del agresor.
Feminicidios: la forma más extrema de la violencia
La Fiscalía de Paraguay reporta que, hasta el 18 de setiembre del 2025, ya se registraron 28 feminicidios, dejando como consecuencia 51 niños y niñas huérfanos. La mayoría de los crímenes fueron cometidos por parejas o exparejas, lo que demuestra que el hogar, supuesto lugar de protección o seguridad, se convierte, para muchas, en el espacio más peligroso. Hablando del “hogar” en enero a setiembre, la fiscalía registró 28.421 víctimas de violencia familiar.
Sin embargo, estas cifras oficiales muchas veces generan indignación y desconfianza en la ciudadanía. En los medios de comunicación y en las redes sociales aparecen casos de feminicidios casi a diario, lo que lleva a cuestionar si las estadísticas reflejan realmente la magnitud del problema. Muchas veces existen diferencias en la tipificación: muertes violentas de mujeres son registradas como “homicidios” o “crímenes pasionales” y no como feminicidios, lo que invisibiliza el trasfondo de violencia de género. Esta subregistración no solo reduce el número en las estadísticas, sino que además diluye la gravedad de la problemática en los informes oficiales.
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Embarazos infantiles: otra cara de la violencia de género
La violencia de género en Paraguay no solo se manifiesta en los feminicidios o en las agresiones físicas y psicológicas, sino también en la vida de miles de niñas que son obligadas a ser madres antes de tiempo. Según datos del Ministerio de Salud y de organismos internacionales, cada día dos niñas menores de 15 años dan a luz en Paraguay. La mayoría de estos embarazos no son el resultado de una “elección”, sino de abusos sexuales cometidos, en muchos casos, dentro del propio entorno familiar.
Esta realidad es alarmante: niñas de apenas 10, 11 o 12 años, que deberían estar en la escuela y jugando, se ven obligadas a enfrentar un embarazo forzado, con riesgos altísimos para su salud física y emocional. Médicamente, los embarazos en estas edades son considerados de alto riesgo, con probabilidades mucho mayores de complicaciones durante el parto, e incluso de muerte materna.
El problema se intensifica al considerar que muchas de estas niñas no acceden a servicios de salud integrales, ni a contención emocional o apoyo educativo. Así, las consecuencias del abuso sexual se agravan, exponiéndolas a embarazos que comprometen su bienestar, su desarrollo y su derecho a una infancia protegida.
Los embarazos infantiles y adolescentes en Paraguay son, en definitiva, la expresión más cruel de un sistema que no protege a las niñas ni les garantiza el derecho a vivir una infancia libre de violencia.
Estos casos son apenas un reflejo de una realidad mucho más amplia y dolorosa. Cada víctima representa no solo una vida arrebatada, sino también familias destrozadas y comunidades enteras marcadas por la tragedia.
La respuesta institucional y recursos disponibles
El Estado paraguayo ha adoptado varias medidas legales e institucionales. La Ley 5777/2016 de “Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” es una de las principales herramientas normativas. Establece mecanismos de prevención, atención y sanción, aunque en la práctica su aplicación es limitada.
El Ministerio de la Mujer coordina programas de asistencia, como el Servicio de Atención a la Mujer (SEDAMUR), que ofrece apoyo legal, psicológico y social. Además, se dispone de líneas de emergencia como el 137 SOS Mujer, operativa las 24 horas para recibir denuncias y orientar a las víctimas.
A pesar de los avances normativos y de la existencia de programas estatales, los desafíos siguen siendo profundos:
• Falta de recursos: los refugios y servicios de atención tienen presupuestos limitados, lo que afecta la calidad y cobertura de la ayuda.
• Revictimización: muchas mujeres denuncian que, al acudir a la policía o a la justicia, son culpabilizadas o minimizadas en su sufrimiento. Esto desincentiva nuevas denuncias y perpetúa el ciclo de violencia.
• Capacitación insuficiente: operadores de justicia, policías y médicos muchas veces no cuentan con la formación adecuada en perspectiva de género, lo que se traduce en respuestas tardías o negligentes.
• Machismo: en una sociedad donde persisten roles de género rígidos, la violencia contra la mujer todavía se justifica o naturaliza bajo frases como “problemas de pareja” o “asuntos privados”.
La erradicación de la violencia de género en Paraguay no será posible solo con leyes. Se requiere un cambio profundo en la cultura y en la educación. Las instituciones educativas deben incorporar de forma real y no simbólica la educación en igualdad y respeto. La sociedad civil, por su parte, juega un rol clave al visibilizar los casos, acompañar a las víctimas y exigir al Estado políticas más efectivas.
Cada feminicidio, cada agresión, cada abuso es un recordatorio de que la lucha no puede esperar. La construcción de una sociedad más justa e igualitaria depende del compromiso conjunto: del Estado, de las instituciones, de las familias y de cada ciudadano que decida no callar frente a la violencia.
Fotos: Revista PLUS, ABC color
*Estudiante de 3er año
Artículo realizado en el marco de la cátedra Pasantía y Práctica Profesional II