*Por Andrés Orué
Desde 2005 hasta 2024, Paraguay ha registrado de forma sostenida una cifra alarmante de mujeres asesinadas en contextos de violencia de género. Pese a la tipificación legal del feminicidio desde 2016, los crímenes no sólo no disminuyen, sino que repiten patrones sistemáticos de impunidad. Este reportaje busca ir más allá de la denuncia puntual. Su aporte es reconstruir dos décadas de negligencia estatal, mostrar cómo el discurso progresó sin que las prácticas cambien.
Además de revisar cuatro casos paradigmáticos, este trabajo aporta una lectura estructural a partir de entrevistas inéditas con la exministra y referente feminista, Lilian Soto; un sociólogo, Henrique Ferreira Bueno, especializado en estructuras de violencia; y la periodista María Asunción Collante, que investigó la cobertura mediática de los crímenes.
Estas voces permiten identificar fallas sistemáticas no abordadas previamente en la agenda pública, como la exclusión de mujeres trans de los registros oficiales, la precarización del periodismo que cubre estos hechos y la continuidad de estructuras patriarcales dentro del Estado.
Políticas públicas fallidas: veinte años de planes y leyes sin resultados
En 1992 Paraguay creó la primera Secretaría de la Mujer, y en 1994 lanzó un Plan Nacional pionero para prevenir la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, hubo que esperar más de dos décadas para un avance legal significativo: recién en 2016 se reconoció el feminicidio como figura penal autónoma mediante la Ley 5777/16 de “Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de Violencia. Antes de eso, la principal herramienta legal era la Ley 1600/2000 Contra la Violencia Doméstica, que ofrecía medidas de protección pero no tipificaba el delito ni aseguraba castigo penal al agresor. En otras palabras, durante buena parte de este siglo, la violencia doméstica fue tratada como una falta menor, y los asesinatos de mujeres por razones de género se diluían estadísticamente entre los homicidios
comunes.
La promulgación de la Ley 5777 en 2016 marcó un hito al poner nombre al problema y ordenar la creación de un Observatorio de la Mujer para monitorear la violencia. También surgieron instituciones especializadas: unidades policiales de atención a víctimas, una fiscalía especializada en violencia familiar, juzgados de paz recibiendo denuncias, defensores públicos formados en género.
Cuatro casos, veinte años, los mismos errores
- Ramona Ferreira (2007, San Lorenzo)
Antes de la Ley 5777, la figura del feminicidio no existía. Ramona había denunciado a su expareja por violencia, pero no se le otorgó ninguna medida de protección. Fue asesinada
en su propia casa. El caso fue archivado como «crimen pasional». La policía no fue
investigada por omisión. La cobertura mediática fue breve y amarillista. - Graciela Mendoza (2013, Asunción)
Años antes de la ley, Graciela también denunció violencia reiterada. Consiguió una orden de alejamiento, que fue violada sin consecuencias. La fiscalía minimizó los riesgos. Fue asesinada frente a sus hijos. Ningún funcionario fue sancionado. El caso desapareció de los medios en menos de una semana. - Lourdes Cabral (2023, Fernando de la Mora)
Con la ley vigente, Lourdes tenía medidas de protección. Aún así, su agresor la asesinó tras
violar la orden judicial. La policía no actuó pese a las llamadas de vecinos. El caso fue cubierto como “feminicidio”, pero sin análisis de fondo. No hubo sumarios ni sanciones institucionales. - Érica Rivas (2024, Asunción)
Érica llamó al 911 dos días antes de su asesinato. No fue protegida. Tenía orden de restricción vigente. Su caso expuso que el sistema sigue sin protocolos de respuesta inmediata. La cobertura mediática duró menos de 48 horas. No hubo reparación ni responsabilidad pública.
Análisis de Entrevistas
Entrevista a Lilian Soto – Activista feminista y exministra
Lilian Soto abordó el feminicidio como la expresión más extrema del sistema patriarcal. Señaló que no es un fenómeno aislado, sino consecuencia de siglos de desigualdad estructural. “El feminicidio ocurre porque el agresor cree que tiene derecho sobre la mujer,que es su propiedad”, afirmó.
Destacó la Ley 5777 como una conquista legal del movimiento feminista, pero alertó sobre su baja implementación. Denunció que muchas instituciones no cumplen con lo establecido y que los mecanismos de protección siguen siendo frágiles e insuficientes.
“La ley permitió visibilizar el fenómeno, pero muchas instituciones no cumplen con lo
que establece. Seguimos viendo mujeres que denuncian y no reciben protección”.
Soto también aportó una mirada novedosa al enfatizar que el concepto de feminicidio debe incluir a todos los cuerpos feminizados, incluyendo mujeres trans. “También son asesinadas por desafiar el mandato patriarcal. No incluirlas es perpetuar exclusiones dentro de un sistema violento”.
Además, remarcó las consecuencias psicosociales del feminicidio, como el impacto en la infancia y la percepción colectiva de que el hogar ya no es un espacio seguro.
“No basta con proteger. Hay que transformar la cultura patriarcal que normaliza esta violencia desde la infancia”.
Entrevista a Henrique Ferreira, Sociólogo especializado en violencia estructural
El sociólogo entrevistado brindó un análisis histórico y estructural del feminicidio. Argumentó que las raíces están en la continuidad del autoritarismo cultural, el patriarcado familiar y la falta de una verdadera reforma institucional. “El Estado actúa más rápido si la víctima es de clase media alta. Las mujeres pobres tienen menos acceso a justicia, educación y protección”.
Criticó la impunidad sistemática que normaliza la violencia: “Cuando no se sanciona, ni víctimas ni victimarios la reconocen como tal”. También remarcó que las leyes actuales son productos de presión social, no de voluntad estatal genuina. “Cambió el papel, pero no cambió la práctica. Sin reforma judicial, presupuestaria y educativa, el feminicidio persistirá”.
Además, señaló que ser mujer y ser pobre multiplica el riesgo. Las barreras de acceso a educación, justicia y redes de apoyo hacen que muchas víctimas ni siquiera identifican como violencia lo que viven.
Entrevista a la periodista, María Asunción Collante, especializada en cobertura de
género
La periodista entrevistada ofreció una crítica profunda al rol de los medios. Confirmó que el término “feminicidio” empezó a usarse recién en 2019 y que, en la mayoría de los casos, se lo emplea sin contexto. “Los medios siguen usando un lenguaje policial y sensacionalista. No hay seguimiento ni perspectiva de derechos humanos”. “El periodismo ayuda a visibilizar, pero también puede reforzar prejuicios si no se capacita en enfoque de género”.
Además, denunció la precarización del trabajo periodístico: quienes cubren feminicidios no están especializados, lo hacen por rotación y sin formación. Señaló que los medios priorizan el impacto visual y el morbo: “Solo los casos más brutales tienen seguimiento, no los más emblemáticos o representativos”.
“Hoy se informa rápido, sin contexto, sin seguimiento. Y se termina culpando implícitamente a la víctima”.
Omisiones judiciales: patrones de impunidad y desprotección
Muchas veces se ha escuchado en las noticias siempre la misma narrativa: el sistema de justicia llegó tarde, o nunca llegó. Las fallas no ocurren solo en el momento final trágico, sino a lo largo de toda una odisea que recorren las víctimas en busca de protección.
Patrones de inacción fiscal, policial y judicial afloran al analizar estas historias, revelando un circuito de impunidad que, lejos de ser la excepción, se ha vuelto casi regla.
Es estremecedor comprobar que en la mayoría de los feminicidios hubo alertas previas que no fueron atendidas. Según un informe de la Codehupy, el estudio de los casos muestra que “en la mayoría de los casos hubo denuncia previa y no fueron protegidas”. Existe una cadena de omisiones: la policía que desestima llamadas de auxilio, la Fiscalía que no investiga con diligencia, los juzgados que no hacen seguimiento de sus propias órdenes, y así sucesivamente.
Presupuestos escasos y prioridades equivocadas
El Estado paraguayo invierte apenas el 0,02% de su presupuesto general en el Ministerio de la Mujer, entidad rectora de las políticas de género. Este porcentaje ínfimo se traduce en recursos exiguos: en 2023 el Ministerio de la Mujer contó con solo USD 2,6 millones para todo el año. Aunque para 2024 el Parlamento aprobó un pequeño incremento (quedando en unos USD 3,3 millones), el monto sigue siendo simbólico frente a la magnitud del problema.
Impacto social y cultural: la violencia normalizada a la sombra de la impunidad
Cuando un feminicidio queda impune o recibe una pena irrisoria, el mensaje que cala en el imaginario colectivo es que asesinar a una mujer es un hecho poco grave, casi esperado o perdonable. Esto refuerza la idea –aún presente en sectores de la sociedad paraguaya– de que la violencia de género es un asunto doméstico, fruto de “problemas de pareja” o de la “mala suerte” de ciertas mujeres, antes que un crimen que debe sacudirnos a todos.
Este reportaje reconstruye patrones que se repiten desde 2005: denuncias ignoradas, agresores sin sanción, mujeres asesinadas, cobertura mediática sensacionalista, y un Estado que solo reacciona cuando es tarde. El aporte nuevo está en mirar dos décadas de omisión como un continuo, no como casos aislados.
La novedad también está en ampliar la mirada del feminicidio hacia todos los cuerpos feminizados, en exigir datos que incluyan a mujeres trans, en analizar el rol de los medios, y en identificar que la desigualdad sigue siendo el terreno fértil de la violencia.
Cambiar las palabras no alcanza. Hay que cambiar las prácticas. Y eso solo ocurre cuando
se pasa de la memoria a la acción.
- Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC). (s.f.). Sistema unificado
de registro.
https://www.ine.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/documento/265/Sistema%20Unificado%20R
egistro.pdf - Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY). (s.f.). Mientras los
feminicidios aumentan cada año, el Estado no pasa del discurso a la acción.
https://www.codehupy.org.py/mientras-los-feminicidios-aumentan-cada-ano-el-estado-no-pa
sa-del-discurso-a-la-accion/ - Banco Mundial. (2022, 28 de noviembre). La cara del feminicidio en Paraguay.
https://blogs.worldbank.org/es/latinamerica/la-cara-del-feminicidio-en-paraguay - Agenda Estado de Derecho. (s.f.). ¿Justicia feminista en Paraguay?.
https://agendaestadodederecho.com/usticia-feminista-en-paraguay/ - Diario Abc Color, Diario Última Hora, Ministerio de la Muje
*Estudiante de 4.º año
Reportaje de investigación realizado como examen final de la materia Periodismo de Investigación I, a cargo de la profesora Myriam Yore.