Texto: Romina Ma. Belén León Miranda
El presidente de la República, Horacio Cartes, a través del Decreto 7702/17 dio el visto bueno para la destrucción de los últimos bosques del Paraguay. El antecedente que deja es nefasto: cambia una ley por la vía de un decreto, movido por sus intereses y ambiciones personales, según algunos especialistas.
Situación actual
El cambio climático es uno de los temas más preocupantes de esta era. Éste, es el resultado inmediato de la tala indiscriminada de bosques, la matanza de animales en peligro de extinción, la contaminación de mares, ríos, arroyos y del aire. Estos hechos son motivos suficientes para pensar, analizar y tomar medidas que pongan freno al cambio climático.
Con este fin, se suscribió el Acuerdo de París, que forma parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, cuyo objetivo inmediato es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen a aumentar la temperatura global, asegurando el compromiso de los países signatarios a erradicar las prácticas que facilitan el deterioro del medio ambiente. El presidente de la República, Horacio Cartes fue quien suscribió este acuerdo en nombre y representación de todos los paraguayos, obligándose a realizar los mayores esfuerzos por combatir el calentamiento global.
Sin embargo, con la promulgación del Decreto 7702/17 dio por demostrado que el Paraguay no tiene un ápice de intención en cumplir con dicho compromiso internacional, puesto que este documento elimina la obligación de conservar el 25 % de los bosques naturales, obligación concertada en la Ley 422/73.
La violación de este tratado del cual Paraguay es parte, podría acarrear sanciones para nuestro país, asunto que al parecer no importa en lo más mínimo a Horacio Cartes, quien con este decreto, según sostienen ingenieros forestales, tiene como finalidad ampliar el área de pastura de su estancia para la cría de ganado.
Problemas Ambientales en nuestro país
Los problemas de índole ambiental en nuestro país pasan por la deforestación: los bosques están desapareciendo. Según datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO-ONU) en la Región Oriental solo quedan 1.000.000 de hectáreas de superficies boscosas de las más de 8.000.000 hectáreas existentes en el año 1945, mientras la Región Occidental o Chaco solo concentra unas 6.000.000 hectáreas de áreas boscosas, deforestadas, en gran parte por las actividades agropecuarias y forestales. El aire está siendo contaminado por las emisiones de fábricas, automotores, quemas de campos, y otras actividades humanas que van disminuyendo paulatinamente su calidad. El suelo está siendo degradado por las malas prácticas agrícolas, sobrepastoreo, construcciones de obras y expansión demográfica.
Ambición personal de Horacio Cartes
Todo parece indicar que el objetivo de Cartes al burlar el Tratado de París, es extender el área de pastura de su propiedad en el Chaco, establecimiento ganadero que ocupa 14.979 hectáreas.
El artículo 42 de la Ley 442/73 -ley reemplazada por el Decreto 7702/17- establecía que todas las propiedades rurales de más de veinte hectáreas en zonas forestales deberían mantener el veinticinco por ciento de su área de bosques naturales y en caso de no tener ese porcentaje mínimo, el propietario debería reforestar una superficie equivalente al cinco por ciento de la superficie del predio. Sin embargo, el artículo 5 del nuevo Decreto 7702/17 señala que la destrucción de los bosques incluidos en el veinticinco por ciento de preservación, puede ser compensada “adquiriendo certificados de servicios ambientales hasta el equivalente a su obligación”.
La Resolución 146/17 expedida por la Secretaría del Ambiente (SEAM) aprueba el plan de gestión ambiental de la estancia San Francisco y autoriza la compra de certificados de servicios ambientales para tumbar la totalidad de los montes del lugar. Con esto, la SEAM lejos de garantizar el cumplimiento de las leyes ambientales, da “permiso” a la desaparición de los últimos remanentes boscosos del país fuera de las áreas silvestres protegidas y avala una norma que contiene tanto errores de forma como de fondo que hacen imposible su reglamentación satisfactoria.
Abogados, ambientalistas y políticos han pronunciado su disconformidad con este decreto solicitando su derogación, señalando que el mismo contiene errores. El ingeniero forestal, Fernando González Parini considera que este Decreto condena a la desaparición de los últimos remanentes boscosos del país, fuera de las áreas silvestres protegidas. El abogado José Luis Méndez Benítez, con apoyo de una red de ONGs ambientalistas, presentó ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad contra el Decreto 7702/17 argumentando que el mismo viola alrededor de nueve artículos constitucionales, tales como el derecho a la calidad de vida, al ambiente saludable, a la protección ambiental, a la defensa de los intereses difusos entre otros. La Cámara de Senadores también presentó al Poder Ejecutivo el pedido de derogar dicho documento, argumentando que el Decreto atenta en contra de los principios constitucionales y tratados internacionales firmados por el Paraguay en materia ambiental y forestal.
Es preocupante que el mismo presidente de la República, a pesar de los distintos pareceres y dictámenes emitidos por profesionales, técnicos y especialistas en materia ambiental y forestal en contra de la promulgación de dicho Decreto, haga caso omiso al cumplimiento de tratados internacionales, a la Constitución Nacional y a las leyes vigentes, importándole muy poco el futuro de las generaciones venideras y de las implicancias que tendrá este Decreto para la destrucción de los bosques y como consecuencia el aumento del calentamiento global.