Nota: Lucía García
“Es humillante la manera en que los municipios y gobernaciones han utilizado los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), despilfarrándolos” afirmó Pelusa Rubín, quien recientemente profundizó el tema en los medios de comunicación. Lo único eficiente fue el desembolso de multimillonarios caudales, no la construcción o reparación de aulas y compra de muebles, cuando faltaban solo días para el inicio escolar, según declaró la conductora de televisión.
Fonacide fue creado en el 2012 para distribuir de forma eficiente y equitativa el dinero pagado por el Brasil al Paraguay, por la cesión de la energía de Itaipú que nuestro país no utiliza. La desconfianza del posible uso irregular, surge de las contradicciones entre lo que dicen las autoridades del Ministerio de Hacienda que concedió los fondos, y lo que refieren que recibieron algunas autoridades regionales.
“Fonacide intentó pero no logró concluir con objetivos propuestos”, dijo Rubín haciendo hincapié en que el 90% de los municipios y gobernaciones no utilizaron los recursos del Fonacide, dejando a las escuelas en su estado inicial. Tampoco se hicieron cargo del almuerzo escolar para cubrir la demanda de alumnos que lo requerían.
La periodista opinó que es tal el “descaro”, que un municipio “admite haber utilizado el dinero en pagar salarios a sus funcionario, y precisamente, ese no es el fin para el cual fue creado el Fonacide”. Así mismo, señala que varios municipios no rinden cuenta de sus recursos utilizados y otros ni siquiera ejecutaron los fondos brindados.
La comunicadora sostiene que al estar la ley en vigencia, lo que se debe lograr es el cumplimiento de ella a fin de acrecentar la educación de los niños por medio de una infraestructura segura y alimentación garantizada. En este sentido, tiene en cuenta que el almuerzo al que acceden muchos niños y niñas en las instituciones educativas, muchas veces “es el único plato principal” del que gozan en su alimentación diaria. Consultada sobre una posible solución al empleo de los fondos, Rubín considera que, dados los casos de corrupción en que se vieron involucrados las gobernaciones y los municipios, una opción podría ser el traspaso de los recursos y las atribuciones al Ministerio de Educación y Cultura.